La guerra contra el aborto en EEUU

Treinta años después de su legalización, la interrupción del embarazo sigue provocando una de las grandes fracturas sociales en EEUU JULIO A. PARRADO | NUEVA YORK

Emily Lyons es una de las víctimas de uno de los 10 criminales más buscados EEUU. En 1998, una bomba colocada por Eric Robert Rudolph frente a su lugar de trabajo le causó daños irreparables: la pérdida de visión en un ojo y graves destrozos en una de las piernas que apenas le permiten caminar. Los impactos de la metralla hicieron estragos en su rostro.

En el mismo atentado, un policía perdió la vida. «He quedado totalmente incapacitada para trabajar, pero si pudiese regresar atrás en el tiempo volvería a desempeñar el mismo puesto y a luchar por los derechos de las mujeres», explica Lyons desde su casa, en Birmingham, Alabama.

La de Rudolfh, un conocido miembro de la extrema derecha responsable del atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta, fue otra de las decenas de acciones de fuerza que cada año tienen lugar dentro de la guerra del aborto en EEUU. La violencia de la que fue víctima la enfermera Lyons, como el asesinato, en 1998, del doctor Barnett Slepian en el estado de Nueva York, son los casos más dramáticos de una confrontación a todos los niveles que divide a la sociedad estadounidense, especialmente durante los comicios presidenciales.

«Nunca había pensado en política hasta ahora. Pero todo este año estoy dedicada a evitar que George Bush sea elegido. Si esto ocurre será una catástrofe. Supondrá un paso para atrás en la Historia», asegura Lyons. Ella y su marido han convertido su casa de Alabama en un cuartel general de los derechos reproductivos, en medio de un estado claramente opuesto a la sentencia del Tribunal Supremo Roe versus Wade, que en 1973 supuso la legalización del aborto. Fue la ambigüedad de aquel fallo, que permitía el aborto libre en los tres primeros meses y establecía condicionantes en los dos trimestres posteriores, la que alimenta la guerra del aborto hoy en día.

Fracaso del sistema

Para los republicanos, el alto nivel de abortos supone un fracaso del sistema. Desde 1980, las cifras se mantienen constantes. Entre 1.100.000 y 1.300.000 mujeres, 24 de cada 1.000 en edad fértil, opta por esta intervención cada año. Uno de cada tres abortos corresponden a mujeres entre los 20 y los 24 años. Suelen ser blancas, solteras y con recursos económicos medios o bajos.

La era Clinton se vanagloria de haber puesto freno a los abortos entre los adolescentes, un 31% menos que en 1986. Con todo, los niveles entre las adolescentes estadounidenses figuran aún entre los más altos de los países industrializados, una media de 70 por cada 1.000, al mismo nivel que naciones como Rusia o Bulgaria, mientras que en la Unión Europea la tasa no supera los cuatro embarazos por cada 1.000 adolescentes.

La reciente aprobación de la píldora abortiva ha sido recibida como un triunfo por parte de los grupos pro-aborto. La prevención de los embarazos ha sido uno de los pilares del Gobierno de Bill Clinton para mantener un equilibrio entre ambos bandos. Sin embargo, el incremento de fondos públicos para la planificación familiar no ha podido compensar los recortes de más de 20 años.

El pasado año, la financiación a clínicas de contracepción y asistencia en la lucha contra el Sida fue un 65% inferior a la de hace 20 años. Tres de cada cuatro mujeres tiene que echar mano de los seguros privados de salud.

Desde que, en 1994, los republicanos tomaron el control del Congreso, el cierre de la financiación a programas de educación sexual se ha transformado en el campo de batalla de los derechos reproductivos. Los fondos federales no sólo no pueden sostener programas a nivel nacional, sino tampoco fuera de las fronteras. Las cuentas de Parent Parenthood, principal red de clínicas de planificación, son constantemente examinadas. Desde la revolución conservadora de Ronald Reagan en los 80, el Gobierno federal no puede financiar los programas de interrupción del embarazo. Los estados deben asignar una parte de los fondos del Medicaid (seguro médico público) a las gestantes con bajos ingresos, peroen la mayor parte de los casos las mujeres optan por pagar de su bolsillo los 200 dólares de media (unas 40.000 pesetas) que cuesta la intervención.

La feroz batalla de los conservadores en el Congreso contra el aborto también fue la causa del impago de las deudas de EEUU con Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. El Senado no cejó hasta introducir algún tipo de cláusula que obligase a estos organismos a no apoyar programas de control de natalidad con el dinero de los contribuyentes. El enfrentamiento entre ambos grupos se dirime especialmente a nivel local. Los estados más conservadores han abierto una brecha en la Roe versus Wade para controlar las interrupciones del embarazo en el segundo y tercer trimestre. Las imágenes de partial birth abortions (abortos de casi-nacidos) son mostradas por los grupos pro-vida como muestra de la brutalidad del gobierno.

Autorización paterna

Donde más terreno han perdido los grupos pro-aborto es entre el grupo de las adolescentes. Casi 20 estados han logrado aprobar leyes que obligan a las adolescentes a pedir autorización paterna antes de asistir a la clínica. «La imposición de permisos paternales y de exámenes psicológicos obligatorios logra avanzar el estado de gestación hasta que la joven se ve obligada a no abortar», denuncia Erika Peletreau, directora política en Nueva York de NARAL, una de las principales organizaciones pro-aborto. Al menos 20 congresos estatales ha tratado de prohibir los abortos en los dos últimos trimestres. En casi todos los casos, las leyes han sido derribadas posteriormente por tribunales federales o el Tribunal Supremo. «Sólo el 10% de las interrupciones se realiza después de las 13 primeras semanas, casi siempre por la existencia de un alto riesgo para el feto o la madre. Estas prohibiciones habrían puesto en peligro la vida de miles de mujeres», explica Peletreau.

En estados conservadores, la guerra al aborto y al control de natalidad ha llegado también a las aulas. En 1999, un 23% de los profesores enseñaban la abstención como el único método para la prevención del embarazo y de las enfermedades de transmisión sexual. «Sin duda es una de las principales razones de la reducción de gestaciones entre las adolescentes. Esa es la línea del éxito», asegura Darla Saint Martin, directora adjunta de Right to Life (Derecho a la Vida), una de las tres grandes asociaciones pro-vida. Sin embargo, según un estudio del Centro para la Prevención de Enfermedades asegura que un tercio de los maestros no enseña otras alternativas por miedo.

La violencia y los ataques a las clínicas disminuyen paulatinamente en número de centros dispuestos a realizar interrupciones de embarazo. El año en que Lyons sufrió el ataque fue el peor de la década, pero la violencia leve y los hostigamientos se han incrementado desde entonces. Un 5% de las clínicas está bunquerizadas. Un tercio padece actos vandálicos periódicos. Pero los nuevos ataques llegan desde Internet. Un 18% de las clínicas denuncia ataques y amenazas desde la web de grupos de extrema derecha o ultrarreligiosos. «Mi nombre está en la lista negra de varias de ellas. Hay quien ofrece asilo y asistencia al autor del atentado», denuncia Lyons. «Eso demuestra que no podemos bajar la guardia».

Articulo sacado de el-mundo.es